Declaración patrimonial
¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y QUIENES LA PRESENTAN?
* El objetivo es detectar, evitar y/o sancionar, enriquecimiento ilícito
La declaración patrimonial y de intereses es un instrumento de ley que obliga a los
servidores de La administración pública estatal a realizar un informe
pormenorizado de su patrimonio, para en caso de detectarse casos
injustificados de incremento o enriquecimiento, iniciar el
procedimiento respectivo para determinar daños al erario público y
fincar la responsabilidad resarcitoria que proceda, informó la
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG).
El artículo 108 de la Constitución Federal, establece la obligación
de los servidores públicos de presentar declaraciones de situación
patrimonial y de intereses; la Ley General de Responsabilidades
Administrativas también establece dicha obligación en los artículos
32 y en la fracción IV del artículo 49.
Están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial
ante la Secretaría de la Contraloría, todos los servidores públicos
Estatales, desde Jefes de Departamento hasta el Gobernador del Estado,
lo mismo que quienes resguarden información clasificada como
reservada o confidencial, y aquellos que recauden, administren,
reciban o ejerzan recursos públicos económicos, materiales o
humanos.
La finalidad que persigue la presentación de las declaración
patrimonial y de intereses, es que los Órganos de Control Estatal,
como autoridad competente, verifiquen que el seguimiento y evolución
del patrimonio de los servidores sea congruente con los ingresos y
egresos reportados, para así poder prevenir y detectar posibles casos
de enriquecimiento inexplicable o injustificado.
En caso de que los sujetos obligados a presentarla omitan hacerlo, se
iniciará inmediatamente la investigación por presunta
responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el
cumplimiento de dicha obligación.
En el caso de las declaraciones iniciales y anuales, si la omisión en
la declaración continúa los treinta días siguientes a la fecha en
que se hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la SCTG
declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efecto, en el
caso de una declaración final si se hubiere requerido el cumplimiento
pero la omisión persiste, se inhabilitará al infractor de tres meses
a un año.
Cabe mencionar que, el requerimiento al servidor público omiso, no lo
exime de alguna sanción administrativa, la cual se impondrá previo
desahogo del procedimiento de responsabilidad administrativa
establecido en la Ley para tal efecto.
Los plazos para la presentación de declaraciones patrimoniales y de
interés, son, en cuanto a la declaración inicial, dentro de los
sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo
del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez; y b) Reingreso al
servicio público después de sesenta días naturales de la
conclusión de su último encargo. La declaración de modificación
patrimonial, se debe presentar durante el mes de mayo de cada año; y,
la declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta
días naturales siguientes a la conclusión.
